Iniciamos el año con el pie derecho en la industria inmobiliaria al presentarse ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la semana pasada, la Iniciativa de Ley para el Registro y Acreditación de los Agentes Inmobiliarios de la República Mexicana.
Desde hace más de dos décadas se habían hecho gestiones en diferentes entidades del País y a nivel federal para poder profesionalizar los servicios que ofrecemos los Agentes Inmobiliarios. En algunos estados se ha logrado la aprobación de leyes para regular las actividades que realizamos. Tenemos referencia que en 18 legislaturas estatales se ha logrado la aprobación de sus respectivas leyes, sin embargo, en el caso de Nuevo León y la Ciudad de México, que son muy relevantes por ser los líderes en transacciones de bienes raíces -aunque se aprobó la Ley-, sus respectivos Reglamentos aun no se han expedido por lo que todavía siguen sin tener vigencia.
El Proyecto de Ley Federal ya había sido redactado hace ocho años impulsado por la Asociacion Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI), pero no logró concretarse y como se estila, decir, en materia legislativa “se quedó en la congeladora”.
Es de vital importancia para la economía del País que se pueda lograr la regulación y la profesionalización de la actividad inmobiliaria. Sabemos todos los riesgos que pueden tener los propietarios de inmuebles desde la suplantación de identidad, que produce fraudes para los adquirientes de buena fe, así como la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio con el riesgo de perder su patrimonio por falta de una buena asesoría inmobiliaria. También la falta de observancia de la Ley de Protección de Datos Personales con los riesgos en su seguridad personal por revelar información sin autorización de los propietarios. Asimismo, hacer recomendaciones inadecuadas al ofrecer el servicio inmobiliario a clientes y prospectos simplemente con el afán de ganar una comisión sin tener en consideración todo el daño que puede producir en el patrimionio de las familias y empresas.
Los fraudes inmobiliarios han estado en la lista de las 10 primeras causas de quejas recibidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por muchos años, y las entidades con más quejas son la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León.
Es importante conocer que la Profeco no tiene atribuciones para imponer sanciones, aunque sí puede imponer multas en caso que no se presente el proveedor, ya que es una instancia conciliatoria, pero tiene una gran utilidad ya que siete de cada 10 quejas llegan a una solución.
Es importante señalar que la Iniciativa de Ley contempla que todos los Agentes Inmobiliarios de la República Mexicana deberán cumplir con Programas de Capacitación y un Código de Comportamiento Ético que será un conjunto de principios y directrices encaminadas a orientar la prestación de los servicios inmobiliarios ofrecidos por los asesores inmobiliarios. Por último, contempla que el incumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley dará lugar a Amonestación, Apercibimiento, Multa hasta mil veces el salario Mínimo, Inhabilitación y Cancelación de la Acreditación.
Son buenas noticias para nuestro sector y esperamos que los Diputados y Senadores se pongan las pilas para lograr que en el corto plazo tengamos por fin la Ley, que como las que existen en los Estados Unidos, permitan impulsar el desarrollo de la industria de los bienes raíces, que es uno de los principales motores de las economías de los países.
El autor es experto del sector inmobiliario en México. Es presidente de la firma de bienes raíces líder en el País, REALTY WORLD México, y presidió la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI) en 2014, 2015 y 2016. Capítulo México.
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